La Conselleria de Sanidad va a tener que hacer frente a un nuevo proceso judicial, puesto que el sindicato CSIF ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación. La central sindical advierte que constituye una «privatización encubierta».

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